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“Vecinos del barrio nos hicieron llegar fotos y videos, que se estaba usurpando el predio”, explicó el Dr. Pertosa, Secretario de Seguridad, sobre la toma de conocimiento de la situación, “por lo que con el Comisario Inspector Esteban Fernández, Jefe de la Policía Comunal, nos hicimos presentes con algunos colaboradores de la Secretaría, junto con personal de la Subestación Garelli, a fines de intentar disuadir a los usurpadores de persistir con la maniobra, algunos colaboraron y otros se mostraron reticentes a desalojar el predio”.

En este sentido, informó que se encontraron con ocho casillas aproximadamente, confeccionadas con palos de madera, chapas y tarimas, “ante esta reticencia debimos hacer una convocatoria al Grupo GAD a cargo del Comisario Julio Comezaña, para llevar adelante el operativo, y posteriormente también colaboró la Dirección de Vial con un camión para poder cargar las chapas y las tarimas y una retroexcavadora para derribar las casillas de aquellos que no accedieron a desarmarlas”.

Cabe destacar que la negociación que llevó cinco horas, estuvo encabezada por el propio Pertosa acompañado por el equipo de colaboradores y el Dr. Hugo Kübler, Jefe de la Estación de Trenes, quien remarcó que el predio en cuestión, ubicado en Calle 110 y la Av. 22 de Octubre, “es una zona operativa ferroviaria, es un lugar que es vital que esté libre de ocupantes”, puntualizando que “el día 24 de febrero, recibo por parte del Intendente (Guillermo Britos) la información transmitida por la Subestación Garelli, como así también se comunicó conmigo el Director de Seguridad, Luis Antonelli compartiendo la novedad que se estaban produciendo usurpaciones en la zona sudeste del predio de la calle 110”, detalló.

“Ante la novedad, me comuniqué con mis superiores de Bragado y de Castelar, e intervino la parte jurídica de las empresas, se formuló la denuncia en el juzgado federal, todo esto fue presentado el día lunes”, explicó.

El funcionario indicó que se constituyó en el lugar con su equipo de trabajo para recabar información y fotografías para documentar, “cabe destacar que el delito comenzó el día 24 de febrero, se daba la particularidad que seguía en el tono de flagrancia es decir, que se continuaba ejecutando”.

Por otra parte, agradeció la participación de Viviana Lemme y su equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y la derivación al servicio local de Niñez, ante la ocasional presencia de menores.

“Esto es un delito federal porque en este caso el predio corresponde al Ferrocarril”, apuntó Pertosa, “cabe mencionar que fue un delito que se estaba cometiendo en flagrancia por lo tanto el personal policial tiene la obligación de actuar en consecuencia para evitar la usurpación y generar la desocupación en forma inmediata. De manera paralela desde Trenes se radicó una denuncia con respecto al tema”.

“Es importante destacar la postura intransigente que adoptó el personal policial evitando que la situación llegara a mayores y desocupando el predio, ahora le queda la responsabilidad de monitorear el lugar para evitar futuras acciones de usurpación”, agregó el funcionario municipal, quien agradeció a los vecinos que alertaron de la situación, “es muy importante dar aviso cuando se advierte una situación de esta naturaleza”

Situación anómala

“Tres varones oriundos de La Matanza tenían un documento con domicilio en dicho predio, claramente el funcionario público que cursó esa documentación incurrió en un delito porque no se puede tener un domicilio en una estación de tren, entendemos que es apócrifo de lo contrario”, indicó Pertosa, al ser consultado por el hecho que trascendió de manera extraoficial.

Contexto socioeconómico

Con respecto a la escalabilidad de vulnerabilidad en el marco del contexto nacional, el funcionario municipal apuntó que, “claramente la clase media y la clase baja es la más afectada generando un grado de vulnerabilidad en las familias que redunda muchas veces en algún hecho de inseguridad, sobre todo de delitos contra la propiedad, es decir hurtos o robos, en el marco de la región que nos compete, en las localidades pertenecientes se han advertido ciertas situaciones que antes no se daban y en esto Chivilcoy no está al margen, por lo tanto hemos reforzado los patrullajes y los operativos de prevención en este sentido”.

Trabajo de Desarrollo Social

Por su parte, Viviana Lemme confirmó la asistencia a la mujer proveniente de San Martín con tres de sus hijos, “le dimos una pieza con baño completo para asear a los chicos y viandas, al otro día temprano cuando arribó la trabajadora social ya se había retirado, luego no se acercó a la Secretaría para continuar articulando, de hecho con cuatro familias estamos trabajando ya que se acercaron. Uno de los jóvenes, se había quedado sin trabajo como ayudante de albañil, y no podía afrontar el pago de un alquiler, su esposa e hija se fueron a lo de un familiar, logramos darle una beca laboral y gestionamos algunos materiales para que comience a edificar una pieza en la casa de su madre”.

Sobre las personas de La Matanza, indicó que les fueron suministrados colchones y camas a un domicilio que apuntaron, “le acercamos las pertenencias, la idea es que pueda regresar a su lugar de origen, ya que vinieron ante la posibilidad de ocupar un terreno”.

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Así lo confirmó en diálogo telefónico con LNU, la propia Dra. Pommarés, quién indicó que se tomó “intervención inmediata”, ni bien fue anoticiada de la situación, “se hicieron presentes en el lugar, personal del Servicio Local y la directora de Niñez, familia y Adolescencia” detalló.

El  procedimiento policial de desalojo se llevó a cabo en horas de la tarde del  miércoles 6 de junio, en el Barrio Federal, ubicado en la avenida Carlos Gardel, entre Bomberos Voluntarios y calle 76, en el que se encontraban seis familias en situación de usurpación de las viviendas del Barrio.

Tres de las familias involucradas se hicieron presentes ayer al mediodía en las oficinas de Desarrollo Social , respondiendo a la convocatoria del área, para ser atendidas por su titular, junto al Secretario de Seguridad Carlos Perillo, su coordinador Matías Maleichuck, y asistentes sociales de la Secretaría, “accedieron voluntariamente a retirarse” explicó Pommarés respecto al operativo de desalojo realizado por la policía comunal bajo disposición judicial, “ninguna de las familias estaba en situación de calle real” agregó.

“Se diálogo caso por caso y en dos se halló solución” especificó, “el tercer caso, se le va a ayudar pero hay que hacer una evaluación más exhaustiva del mismo” indicó confirmando la presencia de las asistentes en cada lugar.

Por último al ser consultada, señaló que las familias involucradas, “no habían ido a pedir ayuda previamente” al área municipal que dirige, y que habrían quedado conformes con la asistencia recibida.-

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