El convenio fue rubricado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y el presidente del grupo DESA que concentra a las cuatro concesionarias eléctricas (Eden, Edes, Edea y Edelap), Rogelio Pagano.

De esta manera, la Provincia se suma a la medida implementada por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia.

Ante el impacto que la crisis sanitaria tuvo en la capacidad de pago de los usuarios, el convenio suscrito prorroga, mediante una Addenda, la suspensión de los aumentos tarifarios que regía hasta el 30 de junio, por un plazo adicional de 180 días corridos.

Asimismo, esta medida se encuadra en la continuidad del proceso de revisión de los cuadros tarifarios y de las problemáticas planteadas por las distribuidoras de energía. En ese marco, la Subsecretaría de Energía se encuentra analizando información requerida a las empresas respecto del cumplimiento de las inversiones comprometidas.

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La resolución dispuesta en primer término para entrar en vigencia el 1° de enero de 2019, se prorrogó hasta el 1 de Julio.

Cabe destacar que dicha medida tendría el objeto de amortizar el costo del servicio, delimitando “conceptos ajenos” a la facturación del mismo dentro de las boletas de las distribuidoras de energía eléctrica, imposibilitando a los municipios la inclusión de distintas tasas que venían siendo cobradas a través de las mismas, tales como bomberos, ciertos fondos educativos, o como el caso de Chivilcoy porcentajes destinados al transporte público (EMTUPSE) y al Centro Universitario (CUCH).

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ARGUMENTACIÓN

CONSIDERANDO:

-Que el artículo 78 de la Ley Nº 11.769, dispone que las facturas a usuarios por la prestación del servicio público de distribución de electricidad deben detallar la información necesaria y suficiente que permita constatar en forma unívoca, el valor de las magnitudes físicas consumidas, el período al cual corresponde, los precios unitarios aplicados y las cargas impositivas.

-Que ello delimita la verdadera naturaleza de la factura por la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica, lo que le garantiza al usuario pagar por lo que ha consumido, adicionándosele solamente los tributos propios del sector eléctrico y los propios del consumo.

-Que, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 78 y su reglamentación, la incorporación de conceptos ajenos queda sujeta a: la autorización expresa e individual por el usuario, que se permita el pago por separado de los importes debidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico y a la correspondiente y necesaria aprobación del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires.

-Que, dicha incorporación, resulta de interpretación restrictiva.

-Que conteste con ello, este Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) dictó la Resolución Nº 0167/18, a través de la cual estableció que los distribuidores provinciales y municipales, no podrán incorporar en su facturación, conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica ni conceptos adicionales vinculados al servicio público de distribución de energía eléctrica, sin la previa aprobación del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), con excepción de lo dispuesto por la Ley Nº 10.740 con relación al alumbrado público.

-Que, en dicha inteligencia, dejó sin efecto todas las autorizaciones conferidas hasta la fecha por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires.

-Que, asimismo, dispuso como fecha de vigencia de la medida el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, esto es, a partir del 16 de mayo de 2018.

-Que en el entendimiento que el cumplimiento de la medida implica para los Municipios modificaciones en sus sistemas de recaudación y cobro y, para los distribuidores municipales, la correspondiente solicitud de autorización ante este Organismo de Control así como la adaptación de sus sistemas de facturación que permitan el cumplimiento de los recaudos legales, a través de la Resolución OCEBA Nº 190/18, se dispuso establecer el 1° de enero de 2019, como la fecha de la efectiva aplicación, por parte de los distribuidores provinciales y municipales.

Que a la fecha subsisten las razones invocadas, en la citada Resolución OCEBA Nº 190/18, para la implementación de la medida por lo que resulta menester determinar como fecha de la efectiva aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución OCEBA Nº 167/18 el 1° de julio de 2019.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 11.769 (Texto Ordenado Decreto N° 1868/04), sus modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 2479/04

RESOLUCIÓN

ARTICULO 1°. Establecer el 1º de julio de 2019, como la fecha de efectiva aplicación, por parte de los distribuidores provinciales y municipales, de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución OCEBA Nº 0167/18.

ARTÍCULO 2º. La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 3°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a las Distribuidoras con Concesión
Provincial y con Concesión Municipal, a través de las Federaciones y Asociaciones de Cooperativas. Comunicar a la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pasar a conocimiento de las Gerencias del Organismo.
Cumplido, archivar.

Fuente: ACTA N° 955 -Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.-

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Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado convirtió en ley la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 25.917, más conocida como “Pacto Fiscal”, rubricada el año pasado en el marco del acuerdo para recuperar puntos de coparticipación.

La iniciativa dispone que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, las provincias y la Ciudad, no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor.

Además establece que los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, se comprometen a no incrementar los cargos ocupados en el sector público existentes al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.

El diputado del bloque Unidad Ciudadana-FpV-PJ Juan Debandi dijo que “nos preocupa lo que pasa todos los días en las calles, por eso nos oponemos a este pacto de adhesión fiscal, porque nada tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”.

Por su parte el Marcelo Daletto del bloque Cambiemos aseguró que “hay una doble justificación por la cual tenemos que adherir a esto, una  de ellas es porque contiene medidas de sana administración y el otro porque es parte de los compromisos que ésta y las demás provincias han tomado en el marco del último Pacto Fiscal”.

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Luego de un debate conjunto de comisiones el pasado 1 de junio –la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires – emitió dictamen favorable para el proyecto que busca reducir tarifas de servicios públicos, y también para la nueva adhesión al Pacto Fiscal. Ambas propuestas serán tratadas en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que obtuvo dictamen de mayoría el proyecto propuesto por el Ejecutivo provincial, que busca la reducción al 0,1% de los tributos cobrados por los municipios.

“Estamos viviendo un momento muy complicado desde el punto de vista social y económico” indicó, “hay mucha incertidumbre y uno desea que quienes tienen la responsabilidad de gobernar encuentren los caminos para que la comunidad viva mejor” apuntó el diputado Britos en diálogo con LNU anticipando la próxima sesión deliberativa sobre las TARIFAS, “en realidad no depende de la Cámara, son medidas tomadas en otro lado que impactó fuertísimo en la sociedad, y lo que se intenta hacer desde el Poder Ejecutivo provincial es hacer pagar ese costo a la municipalidades, a las cooperativas y entidades como los bomberos voluntarios, no permitiendo el cobro de tasas, contribuciones que se cobran normalmente en la factura de la luz”.

“También se quiere eliminar el 6% que se cobra en dicha factura que paga la empresa EDEN (en Chivilcoy, y otras empresas de suministro en otras localidades), en concepto del uso del espacio aéreo” ejemplificó, “lo cual es una injusticia pque una persona que quiere poner un kiosco en Chivilcoy tiene que pagar determinados impuestos y tasas, mientras que a una empresa como EDEN que ha sido beneficiada con el aumento de tarifas, y ahora se la está beneficiando con el cese de pago a la Municipalidad, la verdad es que estamos absolutamente en contra de esta postura”.

“Vamos a tratar de que este proyecto sea rechazado, para después discutir uno nuevo, estamos convencidos que el usuario no tiene porque pagar tasas que le corresponden a la empresa, pero tampoco la Municipalidad tiene que dejar de percibir un beneficio de una empresa que como dije se vio beneficiada con los tarifazos” concluyó.

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