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Tras los incidentes en el predio de Guernica, las tomas de tierras continúan siendo una problemática en ascenso que necesita una rápida respuesta por parte del Gobierno Provincial. La oposición viene trabajando arduamente la temática y ha logrado el consenso con el oficialismo y este jueves ha logrado la aprobación por unanimidad del proyecto presentado por los senadores Juan Pablo Allan y Leandro Blanco.

Ante la necesidad de corregir la lentitud de los mecanismos procesales y evitar que las usurpaciones se consoliden, se presentó esta iniciativa que propone modificar el artículo 231 del Código Procesal Penal.

Por medio de esta iniciativa los legisladores buscan dar una señal clara a la Justicia y al Gobierno provincial en aras de proteger el derecho de propiedad, y desalentar a su vez que este delito siga en crecimiento, en una provincia que sufrió usurpaciones de 4.300 hectáreas solamente entre los meses de julio y agosto.

El senador Leandro Blanco, autor del proyecto manifestó: “Buscamos otorgarle a la Justicia las herramientas necesarias para que resuelva rápida y eficazmente las solicitudes de restitución de inmuebles. Hay que ser categóricos: la usurpación es un delito y como tal exige que el Estado actúe. Reconocemos que hay un problema habitacional pero tolerar la toma de tierras no soluciona el problema, sino que lo agrava”.

Además agregó: “Asimismo, en muchos de esos lotes se iban a construir viviendas, urbanizaciones y espacios públicos, proyectos cercenados por las usurpaciones”.

“Es imposible pensar en una convivencia democrática en paz sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”.

A través de esta modificación, el fiscal, la víctima o el particular damnificado podrán solicitar al juez la restitución del inmueble y esto deberá resolver la restitución de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho fuera verosímil, en un plazo de 72 horas.

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Ante la llegada inminente del verano y con él la preocupación por la multiplicación de casos de dengue, el senador por la cuarta sección electoral, Leandro Blanco, se refirió al tema tras ser aprobado su proyecto en la Cámara de Senadores de la Provincia, el cual tiene por objeto promover una estrategia de gestión integrada, objetivos sanitarios y acciones para contener, prevenir y evitar la multiplicación de casos de dengue, optimizando la atención de los pacientes en base a los protocolos establecidos.

“Cada año vemos como los casos aumentan y es por ello que debemos actuar de manera urgente ante el avance de esta enfermedad viral. Necesitamos que el proyecto se trabaje en diputados y que podamos tener una ley antes del verano”.

Como es de público conocimiento, la provincia de Buenos Aires registra una aparición sostenida de casos autóctonos de dengue, registrando en lo que va del año más de 4.500 casos según lo informado por el Ministerio de Salud Bonaerense. Sin embargo esto no solo ocurre a nivel provincial sino a nivel de la región de las Américas, donde se registró un incremento significativo en los últimos veinte años, llegando a estar presente prácticamente en toda América. En lo que respecta a nuestro país, 18 son las provincias con circulación viral autóctona, lo cual aumenta el riesgo de circulación en nuevas áreas.

Ante la importancia que merece el caso se procedió a presentar este proyecto de Ley que incluye medidas de contención y manejo conjunto de los actores de la sociedad con la finalidad de controlar las poblaciones de insectos que transmiten enfermedades por vectores.

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El proyecto que tiene como finalidad otorgar mayor participación y asistencia a las víctimas del delito en todo el proceso judicial pasa a la Cámara de Diputados.

Luego de idas y vueltas la legislatura bonaerense aprobó por unanimidad el proyecto de ley de víctimas impulsada por senadores de Juntos por el Cambio.

Leandro Blanco, vicepresidente de la comisión de Legislación General remarcó: “Este es un paso más en favor de la ampliación de los derechos, es una ley trascendente que garantizará que todas las voces de las víctimas sean oídas y tenidas en cuenta en el proceso penal”.

Agregó: “Esta es una ley que nos debíamos como sociedad. Las víctimas no pueden seguir esperando, es momento que puedan alzar su voz”. 

El proyecto debatido en la sesión del Senado bonaerense garantizará y asegurará a las víctimas el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo.

Entre sus objetivos está establecer y promover políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento integral y efectivo.

La víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión ante todo lo que estime conveniente ante el/la juez/a de ejecución o juez/a competente, aun cuando no se haya constituido como particular damnificado. Además, gozará del derecho a la información desde la denuncia y/o en el primer momento de su intervención en el proceso, lo que le permitirá conocer sus derechos, tomar decisiones en base a la información aportada y tener una visión global e integral de su participación durante la tramitación del procedimiento.

Por otra parte, el proyecto crea el Observatorio de Víctimas de Delitos -que ya existe a nivel nacional- “dentro del ámbito la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”. Se trata de un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de víctimas del delito.

Este estará integrado ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las víctimas, y por representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, El Senado y Cámara de Diputados.

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El bloque de Juntos por el Cambio impulsa un proyecto de ley que busca fortalecer el rol de las víctimas en el derecho penal.

El mismo está siendo tratado en la comisión de Legislación General donde el chivilcoyano, Leandro Blanco es vicepresidente, la idea del bloque es que este proyecto salga de esta comisión para poder ser tratado en la próxima sesión del senado que será los primeros días del mes de septiembre.

En la tarde del lunes 17, los senadores de Juntos por el Cambio participaron de un encuentro virtual con integrantes de ONGs de familiares de víctimas en el marco del debate por el proyecto impulsado que busca establecer una ley en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que otorgue a las víctimas mayor participación en todo el proceso judicial.

En la reunión participaron “Madres del Dolor”; “Usina de Justicia”, “Víctimas de delito de tránsito de Mar del Plata”, Observatorio de Víctimas del Congreso de la Nación y “Familias con Fuerza, víctimas de delitos de tránsito”.

La ley contempla la creación de centros de protección a las víctimas de delitos en todo el país, asesoramiento psicológico y el nombramiento de un abogado de manera gratuita.

Además, los familiares deberán ser informados sobre el avance de las causas y podrán participar en la formación de las pruebas y en la ejecución penal, y ya no sólo en el juicio oral.

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Este proyecto crea el proceso de juzgamiento de Personas Jurídicas Privadas que se encuentra en consonancia con las políticas de gobierno de la Gobernadora que impulsan importantes reformas en el Poder Judicial.

Algunas de ellas son; la Reforma del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento, y  la creación de la Comisión Permanente de Mapa Judicial, entre otros.

La jornada se realizó en el senado de la provincia y estuvo encabezada por el autor del proyecto, el senador provincial por Cambiemos Leandro Blanco, acompañado por vicegobernador  Daniel Salvador y el Ministro Gustavo Ferrari.

También estuvieron presentes senadores oficialistas y opositores, diputados provinciales, autoridades de Cámara y funcionarios del Poder Ejecutivos y de organismos de contralor.

El senador Blanco manifestó: “El objetivo principal del proyecto es dotar al Poder Judicial de herramientas idóneas que permitan el juzgamiento de las personas jurídicas, y en definitiva, batallar contra la corrupción”. Asimismo agregó; “No es un dato menor, mencionar que casi en su totalidad, las acciones punibles de personas jurídicas se encuentran básicamente relacionadas con este flagelo que afecta nuestro país”. 

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