En los días previos al tratamiento en el Congreso Nacional del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, PJ Cumplir y Unidad Ciudadana, proponen una ordenanza para que aquellos que asuman funciones públicas, tanto en el Poder Ejecutivo municipal como en el Concejo Deliberante, no sean personas denunciadas por ejercer violencia de género y sean responsables frente a las obligaciones parentales de alimentos.

Desde Unidad Ciudadana señalaron al respecto que “el proyecto se crea con el objetivo de otorgar una herramienta más a las mujeres víctimas de violencia, ya que muchas veces quedan enmudecidas frente a la impunidad ejercida por la condición de poder que estos hombres ocupan en la escala social pública de nuestra ciudad.

Este momento histórico que atraviesa la Argentina amerita que aquellos que accedan a funciones públicas, puedan dar cuenta de su compromiso con este punto medular para el interés general que es la no violencia contra las mujeres.

Desde de nuestro espacio asumimos el compromiso de construir una agenda de género que promueva la protección y la promoción de los derechos de la mujeres y esta es una iniciativa más en esta línea.”

Por su parte, desde el Bloque PJ Cumplir destacaron que “a partir del 2015, con el estallido que significó el Ni Una Menos, se ha logrado ir visibilizando en Argentina la extrema violencia padecida por las mujeres, casos que vemos todos los días y que terminan engrosando las elevadísimas estadísticas de femicidios en el país. Este punto de partida nos obliga a redoblar los esfuerzos de todos los espacios comprometidos para buscar alternativas institucionales y efectivas para seguir creando consciencia pero por sobre todo para erradicar las violencias contra las mujeres en todos los planos de la vida privada o pública.”

Consultados sobre la implementación de esta ordenanza, indicaron que en caso de ser aprobada, los funcionarios y concejales, deberán agregar un anexo en sus declaraciones juradas con respecto a este tema, así como también, se generarán las acciones necesarias para que desde la oficina de personal se ejerza el control necesario.

Existen registros públicos en la justicia provincial, tanto de deudores alimentarios como el de violencia. Estos registros fueron creados justamente para tener información pública sobre las situaciones de quienes se encuentran alcanzados por los distintos reproches judiciales ante la vulneración de derechos de mujeres y niñxs en el marco de lo dispuesto por leyes nacionales, provinciales y el nuevo código civil de la nación.

“Existen mecanismos institucionales para confirmar las situaciones particulares, siendo la responsabilidad del Estado en todas sus esferas. Los procesos por violencia de género instan, por ley provincial, a la responsabilización de quien la ejerce, con lo cual, la propuesta presentada va en consonancia y es coherente con las normas y resoluciones en la materia” expresaron los ediles.

Este proyecto será tratado en la sesión ordinaria del próximo jueves, a lo que se sumará a otro proyecto de Unidad Ciudadana en materia de género para incorporar al régimen de licencias de empleados municipales una licencia para mujeres víctimas de violencia.

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En primer lugar debemos dejar establecido que CUMPLIR constituye un Bloque, que es la estructura que cada representación política asume dentro del cuerpo legislativo Nacional, Provincial o Municipal. De tal modo que el Concejal que se aparta de las decisiones del Bloque al que pertenece y asume posiciones adversas a las decisiones que el bloque sostiene, podrá firmar cualquier petición en su nombre pero nunca invocando el nombre del Bloque y partido al cual manifiestamente ha decidido no pertenecer. Decir que el pedido fue avalado por Cumplir es faltar a la verdad.
La Concejal Mangino, más allá de lo que su conciencia le dicte, asumió en la Sesión del pasado 7 de mayo sobre aumentos de tasas Municipales que recayó sobre todos los vecinos de nuestra ciudad una actitud disvaliosa para el conjunto del partido que la llevó a ocupar su banca, aunado a ello la ausencia sin aviso a la sesión del tratamiento de la rendición de Cuentas del pasado jueves 10 dándole la aprobación al ejecutivo de los desaciertos del 2017 y coronó con la firma de un pedido de sesión especial para separar a sus propios compañeros de bancada de los cargos que legítimamente ocupan. Eso constituye al menos un acto de indignidad partidaria, que si bien no merecerá sanción legal, dejará para siempre su nombre entre los de aquellos que no estuvieron a la altura de los compromisos que la distinción de llevarlos en la lista implica.-
Que quede claro a todos que sin el apoyo y aval del conductor de Cumplir, compañero Florencio Randazzo, la Dra. Patricia Mangino no hubiera podido ocupar ningún cargo, ya que no tiene trayectoria alguna y solamente fue elegida por considerarla una buena persona.
Y el pueblo peronista, votó a Randazzo a través de su lista, y ella se benefició del reconocimiento que el pueblo de Chivilcoy tiene con el que conduce esta fuerza política. Eliminada tal condición, por la asunción de actitudes indignas, no hay razón para seguir albergándola en un Bloque al que manifiestamente decidió no pertenecer.

Quedará en ella asumirse como librepensadora y desconocer el principal compromiso que el peronismo siempre exigió a sus compañeros: Lealtad.

De aquí en más que piense y obre como mejor le convenga, pero que lo haga a nombre propio y no invocando una representatividad que ya no le corresponde.-
BLOQUE DE CONCEJALES PJ CUMPLIR

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