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En el marco del debate, previo a la votación, se propuso la incorporación de un artículo para solicitar a  las cámaras legislativas nacionales  el urgente tratamiento del proyecto de ley de interrupción del embarazo que fue redactado por las concejalas de todos los bloques y la presidenta del HCD en cuarto intermedio.

El proyecto fue presentado en agosto de este año, con las adhesiones y apoyos de Abofem Argentina; Colectiva de Psicólogas Feministas Chivilcoy; Red de Psicologxs Feministas – Chivilcoy (RPF Chivilcoy); Colegio de Trabajadores Sociales Distrito Mercedes; Colegio de Psicólogos Distrito VII; Consejería de las Mujeres y Disidencias Chacabuco; Asesoría en ILE del CAPS Pastorino de Chivilcoy; Red de Docentes por el Derecho al Aborto; Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir; Género CTA; Mesa de Masculinidades Chivilcoy; Jóvenes por el Clima Chivilcoy; Murga Fantasía de Arrabal; Murga Colgados de la Rama; Centro Cultural Colgados de la Rama; Comisión Certamen “No detengan nuestros derechos”; La Ronda Centro Cultural; Las Elviras – Socorristas en Red (Junín y región).

Según datos relevados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir 1300 por día. Por año se calcula que la cifra oscila entre 370.000 y 520.000 y al mismo tiempo se registran anualmente 50.000 internaciones en hospitales públicos del país, por complicaciones en los abortos inseguros. La muerte es la consecuencia más extrema de los abortos inseguros. Desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta el 2019, al menos 3200 mujeres murieron a causa de un aborto inseguro.

El proyecto aprobado en Chivilcoy contempla la necesidad de que la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) sea considerada una práctica de salud y que desde  el Estado municipal se garantice como tal. También, se enfoca en propiciar la capacitación y sensibilización continua al personal de la salud para las prácticas efectivas conforme a derecho y protocolos.

El aborto es una práctica segura en el sistema de salud, puede realizarse en el primer nivel de atención y de forma ambulatoria con tratamiento medicamentoso.
El proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una demanda trasversal y plural que salva vidas y que está acorde a los derechos consagrados en nuestro país y por los organismos internacionales.

Desde la Campaña se considera urgente y prioritario el tratamiento del proyecto de ley en el Congreso Nacional en este 2020.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Chivilcoy

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Desde ese espacio consideraron “de fundamental importancia la adhesión a este protocolo”, para que se impulse, desde el legislativo municipal, el acceso a prácticas seguras y como un derecho a la salud de todas las personas gestantes que necesiten interrumpir sin riesgos sus embarazos de acuerdo al marco legal vigente.

Por otro lado, manifestaron la importancia de que “el personal de salud que viene garantizando este derecho tenga un marco de   mayor seguridad jurídica”.

El proyecto fue presentado con las adhesiones y apoyos de Abofem Argentina; Colectiva de Psicólogas Feministas Chivilcoy; Red de Psicologxs Feministas – Chivilcoy (RPF Chivilcoy); Colegio de Trabajadores Sociales Distrito Mercedes; Colegio de Psicólogos Distrito VII; Consejería de las Mujeres y Disidencias  Chacabuco; Asesoría en ILE del CAPS Pastorino de Chivilcoy; Red de Docentes por el Derecho al Aborto; Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir; Género CTA; Mesa de Masculinidades Chivilcoy; Jóvenes por el Clima Chivilcoy; Murga Fantasía de Arrabal; Murga Colgados de la Rama; Centro Cultural Colgados de la Rama; Comisión Certamen “No detengan nuestros derechos”; La Ronda Centro Cultural; Las Elviras – Socorristas en Red (Junín y región).

“Celebramos la reciente adhesión al Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y esperamos el pronto tratamiento de este proyecto en el Consejo”, concluyeron.

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En primer lugar, advertimos que en la práctica realizada por los médicos NO HAY DELITO. La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo.
La denuncia, además de no tener asidero legal, constituye un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucia, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación. Además teniendo en cuenta que el retraso de dicha intervención se produjo por las dilaciones de los funcionarios y equipo de Salud de Tucumán. Estos obstáculos afectan gravemente la salud de Lucia y constituyen tortura.
Por lo tanto la denuncia es improcedente y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios No 1, debe desestimarla y no darle curso. El solo hecho de citar a indagatoria puede considerarse prevaricato y podrá dar lugar a acciones legales en su contra por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Giannoni fue denunciada recientemente por los delitos de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre sí por su accionar en el caso Lucía. Recordamos que el 11 de febrero las autoridades del Hospital del Este recibieron un advertencia de apercibimiento de Giannoni mediante el Oficio 10/2019. Su accionar malicioso y contrario a la ley generó el clima necesario para este tipo de denuncias. Es, al mismo tiempo, quién en su Fiscalía colgó carteles “no cuenten conmigo” cuando la Cámara de Diputados dio medio sanción a la ley para la legalización del aborto. Consideramos que la fiscal actúa bajo los mandatos de su ideología y no apegada a lo que dicen las leyes vigentes.
Es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen.
El Estado argentino ya recibió el apercibimiento de dos organismos internacionales por las violaciones de los derechos humanos de Lucía. Desde Naciones Unidos consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña.
Por todo esto, instamos a la fiscal Adriana Giannoni a frenar con la intimidación hacia profesionales que solo cumplieron con las leyes. No hay delito que investigar: exigimos el inmediato archivo de la causa. Reiteramos nuestro apoyo a Gijena y Ousset y al resto de los profesionales de la salud comprometidos con los derechos humanos de las mujeres.

Comisión directiva CICOP seccional Chivilcoy

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