Desde los sindicatos que conformamos la Mesa de Unidad Sindical de Chivilcoy expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en cuestiones de seguridad pública, violando las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. El decreto del presidente Macri echa por tierra uno de los avances más significativos de la democracia, retrotrae la legislación a los tiempos de la dictadura cívico-militar y atenta contra la soberanía.
La modificación del decreto 727/2006 anunciada por el presidente en el ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo es una reforma altamente regresiva en materia de seguridad y derechos humanos. Una reforma, a su vez, que no reconoce las luchas de la sociedad argentina por definir un marco institucional al accionar de las FFAA, que limite su capacidad de intervención y evite actos que vulneren la democracia.

En la memoria del pueblo argentino la intervención de las FFAA en la seguridad interior está profundamente asociada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, después de dos décadas de sucesivos golpes de Estado. La misma estuvo amparada en lo que se llamó la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, impuesta por EEUU para todo el continente Latinoamericano. Desde el retorno de la democracia en 1983, gobiernos de distintos signos político trabajaron en consonancia con el reclamo popular para establecer diferencias en materia de seguridad interior y defensa nacional.
Las leyes de defensa nacional de 1988 (sancionada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín) y la ley de seguridad interior de 1991 (sancionada durante el gobierno justicialista de Saúl Menem), y el decreto 727 de 2006 (durante la gestión del presidente Néstor Kirchner) fueron determinando esos límites. El gobierno de Macri ha roto con estos grandes acuerdos y hoy esos marcos institucionales se ven seriamente amenazados.

La gravedad de esta situación se inscribe a su vez en un contexto de fortalecimiento de las políticas represivas que, bajo el paradigma de las “nuevas amenazas”, han profundizado la militarización del espacio público y provocado un aumento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.
Estas llamadas “nuevas amenazas”, como el narcotráfico y el terrorismo, son utilizadas para justificar el cambio de doctrina y así alinearse a los EEUU en materia de seguridad, siguiendo los “objetivos estratégicos” de las potencias hegemónicas. Pero sabemos que la participación de las FFAA en seguridad interior es pérdida de soberanía y no más seguridad.

Las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel son la muestra más clara de la orientación de esta política de seguridad y su resultado más dramático. ¿Estos son los objetivos estratégicos de la seguridad interior como reza el decreto? ¿El conflicto social y la protesta son las nuevas amenazas? ¿Este es el terrorismo del que debemos defendernos los argentinos? ¿Volverán las FFAA a hacer inteligencia para definir a los “enemigos internos”? En una sociedad con cada vez más pobres y desocupados ¿qué significa esta respuesta del gobierno?

En nuestro país se vulneran los derechos de las personas y de los pueblos, por políticas regresivas en materia económico-social y por políticas represivas en materia de seguridad. Hoy hacemos un llamado de atención y apelamos a la responsabilidad de quienes gobiernan para que no volvamos a vivir en nuestro país escenas de violencia institucional próximas al terrorismo de estado. Por todo esto, y porque siempre fuimos los trabajadores y trabajadoras los más castigados ante las recetas del FMI, proclamamos que la seguridad del pueblo no son las FFAA, la seguridad debe ser social: salud, educación, vivienda y trabajo para todxs!

Mesa de Unidad Sindical – CGT – CTA

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En sus redes sociales el Frente de DDHH  argumentó:

“En consonancia con los organismos de DDHH nacionales, salimos a repudiar la decisión del presidente Mauricio Macri de reformar el sistema de Defensa Nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior.

El propósito del Poder Ejecutivo es, a no dudar, incrementar los niveles de represión interna con el falso argumento de ‘proteger objetivos estratégicos’, construir un ‘enemigo interno’, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva adelante”.

“El ajuste brutal en marcha, en consonancia con las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional afecta gravemente derechos fundamentales de nuestro pueblo. El rechazo creciente que esas políticas provocan en la sociedad tendrá como única respuesta la represión”.

Desde los Organismos de Derechos Humanos advertimos que involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior viola la legislación vigente, lesiona gravemente el consenso social construido tras el retorno a la democracia y el debido respeto a los derechos humanos, por lo que tanto hemos bregado a lo largo de todos estos años.

Fuerzas Armadas represivas Nunca Más! No a la militarización de la Argentina”.

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