El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional han manifestado su vocación de resolver el atraso salarial de las fuerzas policiales que tiene una legitimidad de origen pero resulta inaceptable que los reclamos se realicen de manera intimidante y extorsiva. Las armas y los patrulleros que le otorgan la Constitución a las fuerzas de seguridad son para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas.

Cuando se desafía a las instituciones de la democracia todo reclamo, aunque fuere legítimo, queda postergado.

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