La normativa promulgada en 2016 (Ley 27.279) se refiere al tratamiento de envases vacíos de “fitosanitarios” ―nombre técnico de lo que comúnmente se conoce como agroquímicos―, y establece que es responsabilidad de las empresas fabricantes e importadoras gestionar la recolección y el posterior tratamiento de los envases comercializados.

Los restos de producto que contienen estos recipientes los hacen peligrosos para la salud humana y el ambiente. Cuando no se gestionan adecuadamente, estos envases son enterrados, quemados a cielo abierto, arrojados en basurales destinados a residuos urbanos o en cualquier sitio. En otros casos son vendidos ilegalmente a acopiadores no habilitados y terminan así en circuitos de reciclado de plásticos comunes, lo que genera presencia de agroquímicos en productos elaborados con plástico reciclado como vasos, cubiertos descartables o juguetes. 

En 2019 fueron más de 70 las empresas agroquímicas que comercializaron un poco más de 13 millones de envases de plástico (y otros materiales) en el sector productivo agropecuario de la provincia de Buenos Aires. De este volumen total, la cantidad de envases recuperados en 2020 fue del 8%.  A su vez, más de 30 empresas se encuentran en falta por no haber presentado su declaración jurada anual indicando la cantidad de envases de agroquímicos puestos en el mercado provincial en 2019.

La Ley Nacional N.° 27.279 es la única ley del país de “Responsabilidad Extendida del Productor”. Obliga a las empresas que venden productos fitosanitarios a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases. Este sistema debe ser aprobado por la autoridad competente, el OPDS en el caso de la provincia de Buenos Aires. El sistema de gestión (presente en numerosos países de América Latina y el mundo) debe cumplir con los requisitos de envases establecidos en la Resolución Provincial N.° 505/2019 para la implementación de esta política pública en la provincia de Buenos Aires.

Para cumplir con la normativa las empresas deben formular un plan de gestión integral de los envases, que incluye la construcción y administración de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), donde se deben recepcionar los envases vacíos de fitosanitarios. Una vez utilizado el fitosanitario en la producción agropecuaria, los envases deben pasar por un proceso de triple lavado, perforado y acopiado en CAT, Nodos Logísticos, o deben ser guardados por los productores agropecuarios hasta que se realice una campaña de recolección en los municipios donde no hay centros de almacenamiento cercanos.

Luego, los envases deben ser retirados por transportes habilitados para enviarse a empresas, también autorizadas, que trabajen en su adecuado tratamiento. Son los denominados “operadores”, que se ocupan de reciclar el plástico utilizándolo para la elaboración de productos (madera plástica, caños cloacales y otros) que no están prohibidos por ley. Los envases que por sus características físicas, su estado o por su utilización con diferentes sustancias no pueden ser reciclados deben ser llevados a disposición final.

Las sanciones

A las empresas que adhirieron a sistemas de gestión e incumplieron reiteradamente los cronogramas y compromisos, se suman otras más de 200 pequeñas y medianas empresas fabricantes e importadoras de productos agroquímicos que no acreditan sistema de gestión alguno, lo que impide a las autoridades tener el registro total de envases comercializados.

El OPDS envió cartas documento a 107 empresas que estuvieron o están adheridas a un sistema de gestión de envases vacíos aprobado, que están siendo infraccionadas por el incumplimiento de la normativa vigente. Luego del descargo que realizaron ante el organismo, se definió el tipo de sanción y el monto de las multas correspondientes según cada caso.

El organismo provincial continuará con el procedimiento para notificar a las más de 200 empresas que no acreditan sistema de gestión. Es la primera vez que se notifica y sanciona a empresas fabricantes e importadoras de fitosanitarios en el territorio nacional.

Con una correcta implementación de un sistema de gestión de envases se previene la contaminación de agua y suelo, se resguarda la salud de trabajadores y productores agrícolas y de la población en general, y se preservan los ecosistemas. Además se contribuye al circuito de recuperación y revalorización de residuos para la elaboración de nuevos productos en base a plástico reciclado.

Para más información, ver: https://www.opds.gba.gov.ar/fitosanitarios

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“Ante el vacío que dejó la normativa provincial ahora en suspenso referente a la aplicación de fitosanitarios, creemos que ahora se debe enmarcar de manera local, pero bajo estricto análisis profesional y de manera holística.
Es un tema cargado de estigmas y que genera las opiniones más dispares en la población.

La actividad agropecuaria periurbana, rural e intensiva, estará siempre enmarcada en nuestro partido por la cercanía o lejanía a un sitio particular que hoy generan polémica como son escuelas rurales, cursos de agua, zonas periurbana y reservas de biósfera. En dichas zonas, la actividad agropecuaria desarrollada conllevan en la mayoría de los casos aplicaciones de fitosanitarios.

Como ya repetimos en varias notas y tomando postura sobre el tema en estos sitios que deben ser abordados como un nuevo concepto: Zona de amortiguamiento. Esta zona puede desarrollar actividad productiva y por ende aplicación de fitosanitarios pero bajo estricto control y supervisión profesional , un aplicador con carnet habilitante y una responsabilidad legal del productor o quien coordina la producción. Se debe asegurar condiciones adecuadas de aplicación y con productos fitosanitarios de la menor toxicidad por dosis y composición. Aclarado esto es que ahora debemos entender que la responsabilidad del sector privado y del público deben ser compartidas y tratando de llevar tranquilidad a aquellos vecinos que contiene esta zona de tratamiento especial, alumnos de escuelas y centros urbanos próximos.

Pero no debemos olvidarnos que la agricultura periurbana contiene a pequeños productores, las escuelas rurales a vecinos de parajes y quinteros que si un proyecto de ordenanza se ampara en un sentido precautorio y fija arbitrariamente zonas de exclusión serán seriamente perjudicados.

Invitamos nuevamente al arco político a convocar a la mesa interinstitucional para entre todos llegar a buen puerto, preservando el medioambiente, cuidando la salud de nuestros vecinos y respetando el derecho a producir de manera sostenible.”

Ing Juan Clavin
Presidente
Comisión directiva ASRCH

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En el acto estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, Santiago del Solar y funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional.

El acuerdo establece que ambas instituciones desde sus respectivas esferas de acción coinciden en la importancia de preservar la salud humana, el ambiente y la necesidad de compatibilizar los intereses económicos con el objetivo general en prevenir daños ambientales.

En tanto,  las políticas públicas sobre la aplicación de fitosanitarios se deben formular en la consecución del interés común de los habitantes favoreciendo la inocuidad y calidad  de los productos agroalimentarios y la preservación del ambiente, induciendo a la adopción de acciones coordinadas entre los sectores públicos y privados para promover las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).

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