Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado altamente crítico al proyecto de desdoblamiento electoral en tratamiento en la Comisión Bicameral conformada, “consideramos que el desdoblamiento de las elecciones se muestra, en principio, como la exteriorización de una conducta estatal carente de razonabilidad” consignan desde el organismo que dirige Guido Lorenzetti, “Este nuevo gasto que se proyecta sin lugar a dudas afectaría otros que dejarán de efectuarse, ya que la ley de presupuesto para el ejercicio 2019 ya ha sido aprobada, está vigente y estas erogaciones no se encuentran contempladas”.
Celebramos el debate por la reforma política que se ha abierto en el seno de la Legislatura, de hecho hemos sido impulsores y partícipes activos del mismo.
En noviembre de 2017, pasadas las elecciones de ese año, consideramos propicio iniciar un ciclo de “Conversaciones sobre la Reforma Política” proponiéndoselo y organizándolo junto a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia. Ciclo que continuó en la ciudad de Mar del Plata el 16 de marzo de 2018 en un encuentro que trató sobre sistemas de votación, estado de situación de la ley de paridad y el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
Luego de estos encuentros, la Defensoría propuso un esquema de foros de debate regionales, recorriendo la Provincia e involucrando a actores académicos, políticos y de la sociedad civil. Pero ello no pudo continuar, por la falta de voluntad política.
Ello hace que nos sorprenda la manera en la cual, entre gallos y medianoche, fuera creada en el mes de enero de un año de elecciones una Comisión Bicameral para tratar el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses de las nacionales.
Entendemos necesaria la ampliación del debate a instituciones, organismos y a diversos sectores de la sociedad civil, a fin de que las iniciativas gocen de sustento, consenso y legitimidad de origen; porque es de la única manera mediante la cual se puede implementar seriamente una política pública sostenible en el tiempo.
Es indispensable señalar que hay cuestiones que deben ser tenidas en consideración al momento de debatir y lograr el fortalecimiento del sistema democrático con la debida razonabilidad, sin caer en una mera chicana electoralista en tiempos de campaña, donde queda claramente evidenciada la intención de sacar una vil ventaja a la hora de los comicios.
El desdoblamiento de las elecciones no implica una efectiva mejora en las condiciones en que la ciudadanía elige y/o es elegida; proceder a la modificación de las reglas electorales que construyeron los consensos políticos actuales en el propio año electoral, y faltando menos de un semestre para las elecciones, constituye una verdadera lesión a la legitimidad de las elecciones, alterando la seguridad jurídica a través de una maniobra desprolija, extemporánea e infundada.
Creemos que para plantear transformaciones valiosas en las formas y sistemas con que se llevarán adelante las elecciones, se debe contar con una evaluación pormenorizada de cuáles serán los beneficios en cuanto a la calidad institucional buscada con las mejoras, sea en términos de eficiencia, eficacia, transparencia o cualquier otro atributo que se persiga; a fin de evitar que el nuevo diseño del modo en que todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires proceden a sufragar, quede bajo el cautiverio de finalidades coyunturales, debiendo darse previamente un profundo y amplio debate.
Máxime, teniendo en cuenta que las reformas electorales llevadas adelante exitosamente en provincias como Santa Fe, Córdoba o Salta se han dado en un marco de consenso elaborado con el tiempo de debate y tratamiento suficiente como propusimos el año pasado desde esta Defensoría.
La realidad actual por la cual atraviesa nuestro País y en especial la Provincia de Buenos Aires, evidencia claramente, que no estamos en condiciones de implementar un desdoblamiento de las elecciones donde se eligen autoridades municipales y provinciales de las nacionales; cuando a prima facie se estima que el Estado Provincial debería destinar alrededor de 3.200 millones de pesos para llevar adelante las elecciones provinciales y municipales en forma separada de los comicios nacionales.
Este nuevo gasto que se proyecta sin lugar a dudas afectaría otros que dejarán de efectuarse, ya que la ley de presupuesto para el ejercicio 2019 ya ha sido aprobada, está vigente y estas erogaciones no se encuentran contempladas; implementar este descabellado desdoblamiento, significaría una desinversión en materia de Salud, Obras Públicas, Educación y Seguridad aún más profunda por parte del gobierno provincial.
Dentro del derecho electoral, el principio de seguridad jurídica se proyecta con una particular intensidad, puesto que tratándose del sistema que regula las vías democráticas de acceso al poder, garantizar la certeza y la observancia de las reglas de juego es una condición inexorable de la legitimidad de la autoridad de los gobernantes.
Es por ello que consideramos que el desdoblamiento de las elecciones se muestra, en principio, como la exteriorización de una conducta estatal carente de razonabilidad, que impacta en forma directa en la obligación de cumplimiento progresivo del efectivo goce de los derechos de los habitantes de la Provincia, ya que detrae recursos sin que ello reporte un verdadero salto en la calidad institucional del sistema democrático.
Es necesario erradicar la idea de los ciudadanos como entes aislados, encapsulados, ajenos a la trama de relaciones forjadas al interior del Estado. Por el contrario, todo el electorado forma parte del tejido social, son contribuyentes, abonan impuestos, resultan usuarios de servicios esenciales básicos; por lo cual deberían ser partícipes directos de reformas tan profundas.
No podemos avalar una maniobra mediante la cual el gobierno pretende destinar fondos públicos a reformas que aparecen más como estrategias electorales, de carácter meramente coyuntural, que verdaderas reformas de fondo, desoyendo asimismo las obligaciones de progresividad en las condiciones de acceso y goce de derechos fundamentales, en un contexto de crecimiento sostenido de la pobreza.
La propuesta de desdoblamiento de las elecciones municipales de las provinciales, resulta a todas luces inconstitucional si no se realizan junto a las categorías legislativas, ya que el artículo 190 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no ofrece lugar a interpretaciones cuando establece que los Intendentes y Concejales deben ser elegidos “…en el mismo acto que se elijan los senadores y diputados provinciales”.
En este sentido, consideramos que la realización de elecciones unificadas, tal como lo concibió el constituyente, permiten armonizar las relaciones de poder entre el gobierno provincial y los gobiernos locales.
Asimismo, las elecciones unificadas reducen costos de logística electoral, porque al realizar los comicios el mismo día toda la logística es una, el escrutinio es uno, y todos los costos son unificados también. Nos resulta extraño que el Gobierno provincial quiere multiplicar costos electorales en un contexto de ajuste económico y recesión.
En resumen, sostenemos que, en un contexto de profunda crisis económica y social, la posibilidad de llevar adelante el desdoblamiento de los comicios en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires representa una mera maniobra electoral que se exhibe como carente de razonabilidad, inconstitucional y contrario a las obligaciones internacionales oportunamente asumidas por el Estado argentino y también por la Provincia de Buenos Aires.
